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Page 2

POLÍTICA Y CIENCIA POLÍTICA:
UNA INTRODUCCIÓN

Michael J. Sodaro
Universidad George Washington

Elisa Chuliá (capítulo 2)
UNED

Femando Jiménez (capítulo 15)
Universidad de Murcia

José Ignacio Torreblanca (capítulos 4,16 y 17)
UNED

Secciones añadidas
Héctor Cebolla Boado, Instituto Juan March, Madrid; Nuffield College, Oxford (sección 6 del capítulo 12)

Antonia Ruiz Jiménez, UNED (secciones 4 y 5 del capítulo 7 y sección 5 del capítulo 13)

Adaptación, ampliación y revisión técnica
Paloma Aguilar, Elisa Chuliá, Miguel Herrero, Ana Poyal, Antonia Ruiz Jiménez y José Ignacio Torreblanca

(Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED)

Traducción
Maite Casado Rodríguez

Me
Graw
Hill

MADRID • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA • MÉXICO
NUEVA YORK • PANAMÁ • SANTIAGO • SÁO PAULO

AUCKLAND • HAMBURGO • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI • PARÍS
SAN FRANCISCO • SIDNEY • SINGAPUR • ST. LOUIS • TOKIO • TORONTO

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170 Política y ciencia política: Una introducción

defensa de las instituciones democráticas podría
resultar peligroso para su propia supervivencia si
llegara a consentirse la supresión de aquellas liber­
tades y aquellos derechos (de expresión, asociación,
reunión, por no mencionar los derechos humanos más
básicos) cuya garantía es precisamente lo que legitima
al Estado democrático. Este dilema que se le plantea
a las democracias es particularmente evidente en el
caso de aquellos Estados que deben enfrentarse a una
amenaza terrorista, y ha cobrado particular vigencia
desde los atentados perpetrados por grupos islamistas
en el arranque de este siglo XXL Como ha escrito
Michael Ignatieff (2005) en su obra El mal menor (en
la que estudia la respuesta de las democracias ante la
amenaza terrorista), el balance de los esfuerzos de las
democracias por conciliar libertad y seguridad es deso­
lador. “Hasta ahora”, escribe Ignatieff, “la información
ha sido manipulada; los medios de comunicación han
colaborado en la desinformación del público; los jueces
han sido excesivamente deferentes con los gobiernos;
los parlamentos han carecido de coraje; los gobiernos
han recortado las libertades de minorías y extranjeros
indefensos, y el público ha seguido la corriente”. Como
resultado, señala Ignatieff, “tenemos leyes que propor­
cionan a la policía poderes que no necesita, opiniones
públicas que apoyan medidas que no contribuyen a su
seguridad y servicios secretos que se toman la justicia
por su mano”.

Por todo ello, es posible concluir que el tan traído
y llevado dilema entre libertad y seguridad es más
ficticio de lo que parece: las detenciones ilegales, la
tolerancia con la tortura o los limbos extrajudiciales
difícilmente mejoran la seguridad de los ciudadanos
ni fortalecen las instituciones democráticas. La ex­
periencia señala que, en ausencia de controles, los
fondos reservados de los que disponen los gobiernos
acabarán siendo mal administrados; los servicios
secretos espiarán a la oposición democrática o se­
cuestrarán a ciudadanos sin respetar el principio de
presunción de inocencia; los gobernantes acabarán
extralimitándose en sus funciones, mintiendo al
parlamento, ocultando información a la prensa y ne­
gándose a colaborar con la justicia. Las democracias,
concluye Ignatieff, pueden y deben defenderse de sus
enemigos, pero han de hacerlo de una forma que
sea compatible con sus principios y derechos; de lo
contrario, alimentarán los fenómenos que pretenden
erradicar y socavarán los principios que dicen defen­
der. Ello implica, necesariamente, que las medidas de
excepción han de ser precedidas de un amplio debate

público, deben ser adoptadas y supervisadas por los
parlamentos —no por los gobiernos o los servicios
secretos en exclusiva y de espaldas al público— y ser
objeto de control judicial periódico en cuanto a su
justificación y aplicación.

Entretanto, los países que están construyendo la
democracia sobre las ruinas de un régimen dictatorial
pueden verse obligados a negociar con los anteriores
gobernantes y, a veces también, con los agentes de la
policía secreta, los jueces y los torturadores que, en
su día, gozaron de gran poder, ejerciéndolo de forma
arbitraria. Algunos políticos y altos funcionarios
fueron juzgados y encarcelados cuando se desintegró
el comunismo en Europa y en la antigua Unión Sovié­
tica tras 1989, pero el alcance de estos esfuerzos fue
diferente en cada país. Por ejemplo, el primer gobierno
multirracial de Sudáfrica estableció “comisiones para
la verdad y la reconciliación” para investigar los abu­
sos cometidos en el pasado y detener a los principales
responsables de las violaciones de los derechos huma­
nos. El deseo de justicia es comprensible, e incluso a
veces resulta necesario para romper con el pasado y
rehabilitar a las víctimas; pero los países recién demo­
cratizados pueden también sentir la necesidad de dejar
el pasado al margen y centrarse en la construcción del
futuro, tratando de evitar que los detractores del nuevo
régimen lo desestabilicen. Así, pueden incluso ofrecer
la oportunidad de reintegrarse en el nuevo sistema a
aquellos altos cargos de la dictadura que se muestren
dispuestos a respetar las reglas del juego democrático
y renuncien a luchar contra la democracia.

La evidencia que se desprende del estudio de la his­
toria de la democratización parece ser muy congruente
con la hipótesis de que las instituciones estatales com­
pleta y firmemente democratizadas son necesarias
tanto para el proceso democratizador como para la
posterior estabilidad democrática. La construcción del
Estado democrático constituye, pues, la tarea principal
de los países en vías de democratización, y la fortaleza
de las instituciones estatales democráticamente con­
troladas es crucial para el proceso de consolidación a
largo plazo.

2.2. Elites comprometidas con la democracia

Como hemos señalado en varias ocasiones, la de­
mocracia es el gobierno de los ciudadanos. Pero las
democracias modernas se prestan mejor a ser des­
critas como el gobierno de elites responsables ante
los ciudadanos. El éxito y, de hecho, la verdadera

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Capítulo 10 / La democracia (III): ¿Qué condiciones requiere para su implantación y desarrollo? 171

existencia de la democracia dependen, pues, en bue­
na medida, de las actitudes y del comportamiento de
las elites políticas y sociales de cada país.

Además de defender los principios democráticos,
estas elites políticas han de adherirse escrupulo­
samente a las leyes y las normas de la democracia,
resistiendo la tentación de incurrir en prácticas co­
rruptas. Su capacidad de negociación y compromiso
es esencial, pero muchos teóricos afirm an que el arte
del liderazgo en la democracia requiere mucho más
que eso. Por ejemplo, ha de ser moralmente persuasi­
vo y estimulante, lo que resulta fundamental cuando
hay resistencia pública a la democracia (como ocu­
rre cuando la mayoría apoya la discriminación de
las minorías) o cuando se necesita un apoyo popular
fuerte para responder a un desafío especialmente
complicado (como una guerra o profundas crisis
económicas). Las tareas de la democratización y la
consolidación precisan, en particular, de las habili­
dades de un liderazgo sólido y capaz de llevar a cabo
los enormes cambios políticos, económicos, sociales
y culturales consustanciales a dichos procesos. Los
países cuyos líderes no están a la altura de estas difí­
ciles tareas corren el riesgo de perder la oportunidad
de democratizarse.

Las elites políticas no son las únicas que deben ate­
nerse a las reglas básicas de la democracia para que
ésta se desarrolle y florezca adecuadamente. El tér­
mino elite (del francés élite) no se aplica solamente al
ámbito político. Prácticamente todas las profesiones
y organizaciones tienen figuras destacadas que cons­
tituyen una elite en virtud de sus elevadas posiciones
administrativas o logros ampliamente respetados.
Muchas representan directa o indirectamente un
papel importante en la vida política de su país. Las
elites empresariales, militares, religiosas, étnicas,
periodísticas y académicas, entre otras, tienen impor­
tantes responsabilidades en sus respectivas esferas de
actividad cuando se trata de observar los principios e
ideales del comportamiento democrático. Cuando so­
brepasan las fronteras que establece la democracia a
los comportamientos de todos los ciudadanos, o cuan­
do influyen en sus seguidores para que éstos actúen
en dirección contraria a la legalidad democrática, la
estabilidad del régimen puede peligrar. En cambio,
cuando los líderes sociales apoyan al nuevo régimen
sin fisuras, la probabilidad de supervivencia de éste
aumenta considerablemente.

Aunque los valores y actitudes de las elites de una
sociedad son fundamentales en todas las fases del

proceso democratizador, la experiencia demuestra
que resultan particularmente relevantes en sus pri­
meras etapas. Fue el compromiso con la libertad
económica y política de los padres fundadores de
Estados Unidos, una elite económica y política muy
selecta, lo que situó a ese país en el camino hacia la
democracia actual. La determinación de Frederik W.
de Klerk (líder del Partido Nacional, que representaba
a los blancos) y de Nelson Mandela (líder del Congreso
Nacional Africano, que representaba a los negros) de
negociar para establecer una democracia multirracial
fue lo que permitió que tuvieran lugar en Sudáfrica
las primeras elecciones verdaderamente democráticas
—con sufragio universal— en 1994. Por el contrario,
la alianza entre las elites empresariales y los militares
de alto rango fue la que impidió la democratización
de algunos países latinoamericanos durante buena
parte de las décadas de los 70 y 80; más tarde, una
parte importante de esas mismas elites permitirían
el regreso de la democracia a Argentina, Brasil, Chile
y otros países de la región. Y, por último, en países
como la Unión Soviética o Hungría fueron los líderes
comunistas con ideas reformistas quienes favorecie­
ron el advenimiento de la democracia.

Estos y otros muchos ejemplos son coherentes
con la hipótesis de que las elites políticas y sociales
influyen de forma decisiva en la implantación de la
democracia, así como en el modo en que se desarro­
lla. Las democracias del mundo real se asientan sobre
una participación conjunta de la sociedad y las elites
en el proceso político.

2.3. Una sociedad homogénea

Algunos politólogos afirm an que la democracia
tiene más probabilidades de asentarse en países so­
cialmente homogéneos. Desde esta perspectiva, las
sociedades fragmentadas por profundas divisiones
étnicas, religiosas, de clase o de otro tipo son dema­
siado inestables para lograr un gobierno democrático
suficientemente sólido.

El mundo contemporáneo no está falto de sociedades
profundamente polarizadas a las que les ha resultado
difícil, o incluso imposible, establecer instituciones
democráticas o mantenerlas durante mucho tiempo.
La información que recoge Freedom House revela que
los países con un grupo étnico dominante, formado
por al menos dos tercios de la población, tienen el
doble de probabilidades de ser calificadas de "libres”
que las multiétnicas. Sin embargo, hay países que han

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