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AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL – Tema 3 Pág. 1

C/ Francisco Silvela, 106 - 28002 Madrid • Tlf.: 917824342 / 30 • www.grupocto.es/[email protected]

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL - TEMA 3.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. LOS
INTERESADOS. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA
LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. EL SILENCIO
ADMINISTRATIVO. LA EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN. TÉRMINOS Y PLAZOS.

1. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

1.1. CONCEPTO.

1.2. CLASES.

1.2.1. Atendiendo a su regulación.

1.2.2. Atendiendo a su desarrollo.

1.2.3. Atendiendo al fi n que persiguen.

1.3. REGULACIÓN.

2. LA CAPACIDAD DE OBRAR Y EL CONCEPTO DE INTERESADO.
REPRESENTACIÓN.

2.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

2.1.1. La competencia.

2.1.2. Abstención y recusación.

2.2. EL ADMINISTRADO: CAPACIDAD, LEGITIMACIÓN Y
REPRESENTACIÓN.

2.2.1. Capacidad.

2.2.2. Legitimación.

2.2.3. Representación.

3. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE LOS INTERESADOS.

3.1. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL
PROCEDIMIENTO (ARTÍCULO 9).

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3.2. SISTEMAS DE FIRMA ADMITIDOS POR LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (ARTÍCULO 10).

3.3. USO DE MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (ARTÍCULO 11).

4. DERECHOS DEL INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO.

5. OBLIGACIÓN DE RESOLVER Y SILENCIO
ADMINISTRATIVOEL.

5.1. CONCEPTO, NATURALEZA Y CLASES.

5.2. OBLIGACIÓN DE RESOLVER EXPRESAMENTE.

5.3. EFECTOS DE LA NO RESOLUCIÓN DENTRO DE PLAZO.

6. TÉRMINOS Y PLAZOS.

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5. Se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica,
archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identifi cación
y tratamiento diferenciado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para que un documento electrónico tenga la
naturaleza de documento público o de documento administrativo deberá cumplirse, respectivamente,
con lo dispuesto en las letras a) o b) del apartado siguiente y, en su caso, en la normativa específi ca
aplicable.

6. El documento electrónico será soporte de:

a) Documentos públicos, por estar fi rmados electrónicamente por funcionarios que tengan
legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, judicial, notarial o administrativa, siempre
que actúen en el ámbito de sus competencias con los requisitos exigidos por la ley en cada caso.

b) Documentos expedidos y fi rmados electrónicamente por funcionarios o empleados públicos en
el ejercicio de sus funciones públicas, conforme a su legislación específi ca.

c) Documentos privados.

7. Los documentos a que se refi ere el apartado anterior tendrán el valor y la efi cacia jurídica que
corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable.

8. El soporte en que se hallen los datos fi rmados electrónicamente será admisible como prueba
documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la fi rma electrónica reconocida con la que
se hayan fi rmado los datos incorporados al documento electrónico se procederá a comprobar que
se trata de una fi rma electrónica avanzada basada en un certifi cado reconocido, que cumple todos
los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certifi cados, así como que la
fi rma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación de fi rma electrónica.

La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponderá a quien haya presentado el
documento electrónico fi rmado con fi rma electrónica reconocida. Si dichas comprobaciones
obtienen un resultado positivo, se presumirá la autenticidad de la fi rma electrónica reconocida con
la que se haya fi rmado dicho documento electrónico siendo las costas, gastos y derechos que origine
la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio
del tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 120
a 600 euros.

Si se impugna la autenticidad de la fi rma electrónica avanzada, con la que se hayan fi rmado los
datos incorporados al documento electrónico, se estará a lo establecido en el apartado 2 del artículo
326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Además, el propio art. 3 establece expresamente que todos los sistemas de identifi cación y fi rma
electrónica previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público tendrán plenos efectos jurídicos.

3.3. USO DE MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (ARTÍCULO 11).

1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo,
será sufi ciente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de
los medios de identifi cación previstos en esta Ley.

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2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de fi rma para:

a) Formular solicitudes.

b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

c) Interponer recursos.

d) Desistir de acciones.

e) Renunciar a derechos.

4. DERECHOS DEL INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO.

Los derechos de los ciudadanos han estado regulados tradicionalmente en el articulado de las distintas
leyes administrativas en los que, según su materia, contemplaban la situación de los ciudadanos frente
a la Administración, pero fue la Ley 30/92 la que por primera vez recogió una enumeración de estos
derechos, lo que supuso en un día una gran novedad en cuanto a su sistematización e inclusión en una
norma general y básica.

Actualmente, es el art. 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, el que recoge los
derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Además, el art.
14 regula el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones
Públicas, y el art. 15 la posibilidad de utilizar las lenguas coofi ciales, pero es el art. 53 el que
regula con detalle los derechos del interesado en el procedimiento administrativo, amparando los
siguientes:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que
tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de
que la Administración no dicte ni notifi que resolución expresa en plazo; el órgano competente para
su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán
derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. (...)

b) A identifi car a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya
responsabilidad se tramiten los procedimientos.

c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento
original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de
que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido
elaborados por éstas.

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento
Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta
de resolución.

f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones
vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

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4. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema
o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá
determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica
tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.

No obstante, contempla también la Ley que, cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá
acordar, de ofi cio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de
urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario,
salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo
que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente
contra la resolución que ponga fi n al procedimiento (art. 33).

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